La atención a la diversidad y el logro de una igualdad real se postulan como un verdadero desafío de los sistemas educativos y un reto de las escuelas actuales, fundamentalmente en las etapas de enseñanza obligatoria (Aguado, 2009).
Promover una ciudadanía inclusiva implica asumir y convencerse de que la diversidad “no da lugar a situaciones de aprendizaje que se contraponen sino que se complementan y se enriquecen mutuamente, por lo que el sistema educativo debe jugar un papel crucial para colaborar en la lucha contra cualquier tipo de discriminación” (Escarbajal Frutos et al., 2012).
El salto cualitativo de la integración a la inclusión supuso aceptar que no bastaba con asegurar el derecho a recibir una educación en entornos ordinarios, sino que además se debía garantizar el derecho a una educación equitativa, con calidad y de excelencia dirigida a todo el alumnado, “ocupándose sobre todo de aquellos que se encuentran excluidos o en riesgo de exclusión, para que puedan convertirse en ciudadanos activos y participativos, críticos y solidarios” (López-Aznaga, 2011). Debe entenderse como el ejercicio de un derecho universal que requiere, no obstante, de la disposición, por parte de los centros, de los recursos necesarios para hacerlo efectivo (Conferencia Internacional sobre Educación Inclusiva, Madrid 2010).
Podemos afirmar, por todo ello, que este proceso supone pasar del modelo integrador que entiende la diferencia a otro inclusivo que entiende la igualdad (Jiménez, 2010).
Sin embargo, “la atención a la diversidad del alumnado no debería ser asociada a discapacidad, a dificultades de aprendizaje o a necesidades educativas derivadas de compensación educativa, sino considerar diversos a todos los alumnos” (Parrilla, Martínez y Zabalza, 2012), sin olvidar que “los niveles de competencia curricular en un aula son diferentes, lo que exige una gran riqueza de estrategias para llevar a cabo una respuesta educativa de calidad” (Azorín y Arnaiz, 2013). Es aquí donde los diferentes elementos curriculares cobran relevancia y en especial las metodologías, que según Casanova (2012) son la clave para respetar la personalización de la enseñanza.
En definitiva, podremos concluir diciendo que el logro de esta escuela de todos y para todos exige un compromiso real por parte del conjunto de instancias y agentes educativos, a los que les guíe el convencimiento de que “educar desde una perspectiva inclusiva supone preparar a las personas para vivir en una sociedad donde la diversidad no sólo es legítima, sino que es apreciada como un valor” (Escarbajal-Frutos, 2009).
